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El descontrol del IPC en agosto hunde más el objetivo anual de inflación del Gobierno

La tasa se sitúa en el 3,6%, más de punto y medio por encima de la previsión para todo el año

C. M, Madrid
La inflación se mantuvo en el 3,6% en agosto respecto de un año antes, igual que en julio, la tasa más alta desde septiembre de 1996. La preocupación del Gobierno era ayer palpable y las críticas cada vez más feroces. La inflación ya estaba mal en julio y ha seguido mal en agosto. La presión de los precios de los carburantes ha cedido pero han subido, sobre todo los del sector turismo, los alimentos, y otros como el gas, el teléfono y el tabaco. Aunque el objetivo anual (2%) está desbordado, Economía no lo revisa aún y se escuda en que ningún país de la UE cumplirá su previsión.

Gráfico: 'Índice de Precios
al Consumo en agosto
de 2000'

Algunos síntomas se han agravado. En agosto respecto de julio, el índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 0,4%, igual que un año antes, según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero en agosto cedió la presión de los carburantes y en su lugar se dispararon los precios del turismo, los alimentos frescos, y los de sectores prácticamente en monopolio o con tarifas reguladas (teléfono, gas y tabaco).

Se evidencia así que las tensiones inflacionistas obedecen a causas profundas y no solamente a la actual crisis del petróleo. Los expertos destacan con especial inquietud el hecho de que la denominada inflación subyacente o estructural (sin tener en cuenta los precios de la energía y de los alimentos frescos, los que tienen más altibajos) se ha colocado en el 2,7% en agosto, tras acelerarse tres décimas respecto de julio.

A estas alturas, con la inflación general instalada en el 3,6%, nadie considera posible alcanzar el objetivo del 2% para final de año. "No podemos decir que el Gobierno esté satisfecho", explicó ayer el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Su justificación, en parte, es que "prácticamente ningún país de la UE cumplirá sus objetivos" y que la economía española mantiene un crecimiento económico superior al de sus socios.

Este año se repite la historia del año pasado, pero con la diferencia de que entonces el Gobierno revisó el objetivo oficial y en éste todavía no. Por estas fechas el año pasado, el entonces secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, hoy ministro, culpó al petróleo (a 23 dólares el barril en aquellas fechas) del alza del IPC y adelantó que el Gobierno facilitaría la distribución de gasolina en los híper para aumentar la competencia. Esta medida finalmente se aprobó en el paquete liberalizador de junio pasado.

La nueva previsión se dará a conocer, con toda probabilidad, a finales de mes, junto con los Presupuestos de 2001. Los expertos estiman una inflación en torno al 3,5% para final de año.

La desviación que se produzca en noviembre dará lugar a una paga extra para los pensionistas (con un coste total de 150.000 millones de pesetas por cada punto que supere el objetivo) y pondrá en marcha las cláusulas de revisión de los convenios. A los funcionarios no se les compensará por la pérdida de poder adquisitivo, por segundo año consecutivo.

Tarifas reguladas

Para 2001 se mantiene el objetivo del 2%, pese a que nadie tiene claro qué ocurrirá con los precios del petróleo. En agosto pasado se produjeron, sobre todo, subidas en el gasóleo (casi siete pesetas) que fueron inferiores en el caso de las gasolinas (en torno a dos pesetas). El capítulo de carburantes y combustibles en el IPC recoge una subida de dos décimas respecto de julio, cuando el pasado año aumentó un 4,2%. En relación a los últimos doce meses, el incremento es del 13% inferior al 17,4% de julio.

Otras subidas de precios con efecto en el IPC de agosto responden a tarifas reguladas o a situaciones de monopolio de hecho. Aunque el Gobierno mantiene congelado el precio del butano y ha reducido el de la electricidad, el gas de uso doméstico -utilizado por 3,7 millones de hogares- ha subido ya un 16% desde principios de año. La cuota de abono de Telefónica se ha incrementado en 100pesetas en agosto (un 1,1% en ese mes respecto de julio, según el IPC) y ha subido el precio del tabaco (un 1,5%).

Con todo, el sector del turismo y la hostelería es el que más descontento ha producido en el Gobierno. Sus precios subieron en agosto un 1,4% respecto de julio y se colocan en el 6,3% en los últimos doce meses, la tasa más alta desde octubre de 1993. Los servicios turísticos (viajes organizados) han aumentado un 12% en agosto respecto de julio y un 25,1% en los últimos doce meses.

Medio billón en pensiones y salarios
La desviación de los precios va a provocar una revisión de las pensiones y de los salarios de convenio con un coste en torno al medio billón de pesetas si la inflación interanual se mantiene en el 3,6% a fin de año.

La ley obliga al Gobierno a compensar a los pensionistas en una cantidad igual a lo que el IPC sea superior al 2%, inicialmente previsto para este año. Para esta revisión se tomará en cuenta el dato de noviembre, y cada décima de desviación tiene un coste total de 15.000 millones de pesetas, entre los atrasos que se deben pagar en 2000 por la desviación y la consolidación en las nóminas en el año 2001.

En el caso de que el IPC real siga siendo 1,6puntos superior al previsto, el coste para las arcas de la Seguridad Social será de 240.000 millones de pesetas, a distribuir entre los 7,6 millones de pensionistas. A una pensión media, situada en 78.000 pesetas al mes, le corresponderían, por atrasos del año 2000, en torno a 17.000 pesetas en una única paga.

Esa compensación también se debe aplicar a los trabajadores que en sus convenios han pactado cláusulas de revisión, que son 4,5 millones de personas. En este caso, se tiene en cuenta el dato del IPC de diciembre y, por término medio, las cláusulas negociadas deben actuar en la cantidad que la inflación supere el 2,3%.

A los empleados con un salario medio de 225.000 pesetas mensuales les corresponden unos atrasos de 27.000 pesetas por una vez, y el coste total para las empresas es de 140.000 millones de pesetas por el impacto en 2000, más una cantidad similar en 2001 por la consolidación en las nóminas.

Los sindicatos culpan a los empresarios del alza de precios

EL PAÍS, Madrid
Los dos sindicatos mayoritarios arreciaron ayer sus críticas hacia el Gobierno y hacia las empresas tras conocerse el dato de inflación del pasado mes de agosto. El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, calificó de "malísimo" el dato de la inflación del pasado mes y culpó a los empresarios quienes, aseguró, "se están poniendo las botas" elevando los precios sin ningún control y denunció que el Gobierno se está mostrando "ineficaz" para controlar estas subidas que no son achacables sólo al encarecimiento del petróleo.

Fidalgo recordó que estas subidas de los precios afectan sobre todo a las rentas más bajas y a los trabajadores con contratos temporales (cuatro millones de españoles), que no pueden recuperar lo que han perdido por su escasa permanencia en el empleo.

Para UGT, la subida del precio del crudo de petróleo no es un factor que justifique el "descontrol de la inflación que sufre nuestro país desde mediados del pasado año". A juicio de este sindicato se debe "a la actitud depredadora de determinadas empresas como las del sector de servicios que obtienen beneficios a corto plazo a base de subir precios de manera exagerada y a la pasividad del Gobierno y falta de estrategia del Gobierno en política antiinflacionista".

UGT confía en que el Gobierno tenga en cuenta esta situación a la hora de elaborar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

Tirar la toalla

El portavoz de IU en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, afirmó ayer que el Gobierno parece haber tirado la toalla en la lucha contra la inflación y añadió que el aumento de los precios en agosto "era previsible dada la pasividad del Gobierno".

El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, señaló que España "está muy al límite" de su diferencial de inflación con el resto de los países y añadió que "éste es el mayor problema que tiene planteado en estos momentos la economía española".

También el Consejo Superior de Cámaras mostró ayer su preocupación por el aumento de la inflación subyacente que pone de manifiesto que el aumento de los precios se está extendiendo a todos los sectores de la economía y en consecuencia demandaron un mayor rigor presupuestario y en profundizar en las reformas estructurales.

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), denunció ayer que las grandes empresas son las responsables de las subidas por su aumento de márgenes.