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La UE sigue dividida sobre cómo gravar el rendimiento de capital

El acuerdo es una urgencia desde el nacimiento del euro

WALTER OPPENHEIMER, Lisboa
Londres dio la impresión el sábado, en el Ecofin informal de Lisboa, de que ha dado un paso en la dirección de buscar un acuerdo para armonizar la fiscalidad del ahorro en la Unión Europea. Pero no está claro aún si es una posición táctica o una oferta destinada a acabar con un litigio que dura años. El acuerdo es ya una urgencia desde la consolidación del mercado interior y el nacimiento del euro en un mundo en el que los rendimientos del capital se han convertido en una gran fuente de beneficios.

Pero se trata de una materia delicadísima que afecta a intereses vitales de algunos Estados miembros. Hace más de un decenio, Alemania decidió aplicar una retención en la fuente a los rendimientos del capital, pero la fuga de divisas fue tan sangrante que la medida apenas duró un par de semanas.

En diciembre pasado parecía posible un consenso, pero el Reino Unido bloqueó cualquier acuerdo exigiendo que el mercado londinense de eurobonos quedara excluido de la obligación de informar sobre sus inversores; nunca quedó claro si ese era el motivo o la excusa del Gobierno de Tony Blair para rechazar el acuerdo. Para Luxemburgo es, desde siempre, un asunto de vida o muerte porque levantar el secreto bancario podría llevar a la ruina a los ciudadanos más ricos de Europa.

Tantos intereses vitales ponen en duda que haya una verdadera voluntad política de alcanzar un acuerdo, pese a que en diciembre de 1997 se sentaron las bases políticas para lograrlo. Entonces se acordó negociar un gran paquete fiscal con tres patas: un código de buena conducta para evitar la competencia fiscal en el interior de la Unión Europea en materia de sociedades, una directiva sobre intereses y cánones y un acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro que se basara en el principio de la coexistencia.

La coexistencia significa que cada Estado puede elegir entre poner una retención en la fuente o acatar el principio de que debe informar al resto de socios sobre quiénes tienen capitales invertidos en su país. Eso permite que países como Alemania puedan imponer una retención en origen sabiendo que podrán perseguir la fuga de capitales y al mismo tiempo mantener su secreto bancario.

Es, también, el mayor sacrificio al que puede acceder un país como Luxemburgo, que vive del secreto bancario y que sólo aceptaría la imposición de una retención en la fuente si eso no le obliga a informar a las demás sobre los clientes de su paraíso fiscal. La propuesta británica consiste en que, a largo plazo, el único sistema a mantener es el de la obligación de informar. Es una oferta que tiene la habilidad política de pasar la patata caliente de la responsabilidad ante la opinión pública a quien se niegue a asumirla.

Es decir, a los países que defienden el secreto bancario. Luxemburgo ya ha dicho que no puede aceptarlo. Otros, como Alemania y Austria, han preferido insinuar que pretenden levantar el secreto bancario pero sólo a los no residentes porque sus nacionales tienen el derecho constitucional a disfrutarlo.

Pero está por ver que una decisión como esa cumpla las leyes europeas de no discriminación por razón de nacionalidad o las directivas sobre el mercado interior. Más parece una buena coartada para no asumir una negativa al acuerdo fiscal que una iniciativa para decir que sí. Aunque fuera legal, es una fórmula que nunca podría aceptar Luxemburgo porque informar sobre los no nacionales hundiría su plaza financiera.

La posición del Gobierno español en este asunto es coherente. España cree, como el Reino Unido, que el mejor sistema para evitar la evasión fiscal es que cada administración informe a las demás.

Pero no quiere imponer esa solución a quien no la comparta, por lo que se alinea plenamente con el espíritu de la coexistencia: que cada Estado retenga o informe. Lo que más le convenga.